En colombia: EXISTE ALTERNATIVA: UNIR FUERZAS POR EL ACUERDO HUMANITARIO
A esta iniciativa, que hay que calificar de incompleta o parcial, se le puede saludar positivamente porque es la expresión de un sentimiento real de quienes nos aterramos de lo despiadado de las condiciones del secuestro que destroza las vidas de sus victimas, pero para tomar una decisión de apoyarla o no es necesario considerar los siguientes aspectos con el propósito de arrojar luces a este complejo momento histórico de Colombia:
1. Definitivamente los procedimientos conque las FARC hacen política son macabros, violan todos los derechos humanos más esenciales y por ello tienen conmovidos a millones en Colombia y en el exterior, por su frialdad inhumana y despiadada.
2. Pero el gobierno del presidente Uribe se ha portado con una arrogancia y terquedad tal que crea las condiciones para que las FARC se ratifiquen en su estilo también intransigente y despiadado. Como el gobierno estableció como punto "inamovible" el no despejar de fuerzas militares y policiales los dos municipios en que la guerrilla declara que está dispuesta a reunirse con delegados del Estado para acordar el intercambio humanitario de secuestrados por presos de las guerrilla, la suerte de los secuestrados queda a la deriva. Ni la guerrilla cede en su exigencia del despeje de esos municipios y ni el gobierno da un paso atrás en negar esa posibilidad. Así llevamos cuatro años y los ciudadanos secuestrados simplemente se convierten en un referente frío para las demostraciones de pavos arrogantes de los políticos llamados democráticos del gobierno y de los políticos autoreinvidicados revolucionarios de la guerrilla.
3. Ahora a esto se suma que la liberación que unilateralmente la guerrilla hizo de las dos secuestradas que inundan la prensa de las últimas semanas fue mediada por el presidente Venezolano Chávez, que con este pretexto adelanta un agrio enfrentamiento mediatico con el presidente Colombiano, al que le exige inoportunamente que retire a la guerrilla de las lista imperiales de terroristas, condición que el cree necesaria para cualquier proceso de paz.
4. Uribe, ciertamente tiene un rabo de paja en sus antiguas relaciones con el paramilitarismo contrainsurgente de extrema derecha, criatura macabra de fabricación de la mafia narco, muchos terratenientes ganaderos y grandes sectores de las fuerzas militares y el Estado, que desde los años ochenta decidieron adelantar una guerra sucia contra todo lo que les sonara social, y que dejó miles de muertos y desplazados internos en los últimos cinco lustros de la paradójica historia colombiana.
5. La guerrilla insurgente nacida en la lucha contra las injusticias ancestrales de la sociedad colombiana, luego de casi medio siglo ha terminado financiando su acción militar y política con el narcotráfico y el secuestro. Esto en una prueba, como lo sostenemos tantos luchadores sociales humanistas sobrevivientes de genocidios políticos, de que los objetivos sociales de justicia no se pueden alcanzar utilizando los medios del terror y la violencia inhumana.
6. La guerrilla hace política con el terror, y el gobierno hace política dándole la espalda al dolor. Y los dos lo hacen a plena conciencia guiados por el frío cálculo político: la guerrilla para recuperar y ganar espacio político en Colombia y en el exterior, ante la avalancha de guerra del plan Colombia financiado desde E.U. Y el gobierno lo hace para ratificar su dureza y resentimiento que espera lo lleve a derrotar militarmente a la guerrilla.
Está bien rechazar el secuestro y la forma de actuar terrorista de la guerrilla. Pero, pregunto, ¿sería para respaldar al gobierno de Uribe en su desidia calculada contra las victimas del secuestro? No puede ser así. En Colombia también existen campañas menos efectistas pero más humanas que exigen al gobierno y a la guerrilla llegar de inmediato a un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados. A los dos sectores se les debe exigir y de hecho al gobierno más, si quiere demostrar su carácter democrático: si un grupo ilegal secuestra, el gobierno no se puede negar con pretextos tácticos en la práctica a liberar estos ciudadanos y ciudadanas victimizadas por el horror, pues se hace su cómplice en el método y en la insensatez.
Ante los diputados muertos por las Farc
HORA DE EXIGENCIAS HISTÓRICAS
La presentación mediática de las multitudinarias manifestaciones de protesta ciudadana que se desarrollaron en las ciudades colombianas el 5 de julio de 2007 rechazando el secuestro dejó a los observadores cuidadosos una cosa en claro: en esta nación no existe unanimidad acerca de cómo enfrentar el conflicto armado que le ha agobiado, por lo menos, por cuatro décadas. La mayoría de los ciudadanos, sin importar su nivel de comprensión del conflicto, está de acuerdo con que es necesario alcanzar la paz, pero de ahí en adelante todo es división. Y paradójicamente a esa división aporta el presidente de la República Álvaro Uribe en su febril estrategia político-militar.No se trata simplemente de un desacuerdo sobre el procedimiento para lograr la liberación de las víctimas del secuestro y la incondicional entrega de los cadáveres de los diputados muertos en el ignominioso cautiverio a que los sometieron las FARC por más de cinco años. Es un descuerdo por algo más profundo.
En el gobierno, en la dirección ejecutiva del Estado, el presidente Álvaro Uribe asegura tener todo claro y lo predica en sus tonos de patriarca de tribu: su objetivo fundamental es el de destruir
En la sociedad, por su parte, los ciudadanos se dividen en un amplio espectro de opiniones y acciones. El lindero derecho de este arco multicolor de opiniones está ocupado por los que siguen ciegamente la promesa militar del Presidente, muchos de ellos confirmados en su radical posición por las tragedias que han protagonizado como víctimas o como actores del conflicto. Hasta el propio presidente y varios de sus ministros han sufrido episodios de secuestro y muerte. Mientras que funcionarios, políticos de la coalición presidencial, empresarios y hasta multinacionales han sido mencionados o incluidos por la justicia como inspiradores o partícipes de los brutales grupos anti-insurgentes o mafiosos paramilitares, hoy en polémicos procesos de desmovilización.
No obstante es necesario tener plenamente claro que entre quienes siguen al presidente en su tozuda posición se cuentan miles de ciudadanos comunes y corrientes que desean el fin del conflicto, pero que tras experiencias frustradas del pasado perdieron la fe en el diálogo, y desde el ascenso del presidente Uribe oscilaron a la posición que cree en la guerra como la salida de este agotador conflicto… Y ven de ello pruebas en el repliegue a que se han visto forzadas
En el otro extremo están los convencidos de que es necesario y posible conversar en medio del conflicto para llegar a acuerdos humanitarios y al propio final del conflicto. Su argumento se fundamenta en que la guerra la hacen humanos y que históricamente se ha demostrado que la conversación entre humanos es mejor que las balas. Para quienes compartimos esta posición es claro que es posible un acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados, así como para iniciar procesos de conversación con mediación de países e instituciones internacionales, que serían la salida al pantano de guerra y deshumanización en que ha caído Colombia
Paradójicamente entre las personas que participan de la posición por el diálogo están desde los que abandonaron la lucha armada para dedicarse a la lucha política electoral democrática o simplemente a la vida cotidiana pacifica, pasando por sobrevivientes de las guerras sucias que exterminaron
Pero como lo señalábamos arriba no se trata de simplemente de dos posiciones, se trata de un espectro muy amplio en el que las posiciones oscilan entre los extremos según, entre otras cosas, los medios de comunicación manipulen la información. Basta con reconocer que entre los que hoy defienden la guerra se cuentan algunos que creen que en algún momento la guerrilla se verá forzada a conversar por su debilidad militar; mientras que del otro lado hay quienes consideran que es necesario un despeje como lo piden las FARC, pero sin cederle espacio político a la guerrilla. Ahora, además, está surgiendo una posición central que busca una tercera vía que sirva de salida a las terquedades de las partes extremas del conflicto, que venza con creatividad la obstinación del presidente en su posición triunfalista y la necedad estratégica de las FARC.
No se trata de colocar al Estado y a las FARC en el mismo nivel, pero si de señalar que el presidente al argumentar monolítica y mecánicamente desde su visión estratégica militar polariza irresponsablemente a la sociedad y se coloca en una posición de guerra, lejana al interés de la sociedad civil esperanzada estratégicamente en la paz.
Se alega que el presidente tiene opinión a favor en altísimos porcentajes, y que las propias acciones demenciales de la guerrilla contribuyen a ello. Pero eso no cambia que el Presidente sostiene la guerra como única salida al conflicto, posición que cuidadosamente considerada coincide con la intensión de
Estos hechos de la situación colombiana permiten intuir una terrible sospecha: estamos ante un conflicto autosostenible en lo político gracias a la testarudez de los principales actores institucionales y subversivos, pero también, y quizás principalmente, por los flujos de recursos económicos que desde el exterior le alimentan. Está el multimillonario negocio del narcotráfico que permite a la guerrilla y a los grupos paramilitares disponer de armas y recursos logísticos enormes. Y también están los dosificados componentes militares del Plan Colombia que ya se extiende por tres periodos presidenciales, sumados a los multimillonarios presupuestos militares. La guerra se ha constituido en la forma de ser y vivir de los actores del conflicto colombiano; de los que se niegan a conversar, de los que anteponen su “honor y valores” a la vida de secuestrados, de los desplazados y en general de los colombianos.
En estas situaciones históricas se requieren grandes ideas, decisiones y acciones. Pero como en Colombia, momentos que parecen tan definitorios -como la masacre de los diputados secuestrados- no terminan por constituirse en giros que den nueva ruta a la situación, entonces surgen preguntas inquietantes. ¿Será que nuestra sociedad es tan inmadura políticamente que simplemente oscila entre las posiciones intransigentes de los actores?, ¿O será que los sectores que creen en la potencialidad sanadora del diálogo no tienen la capacidad de explicación y movilización que requiere el momento?.
Parece se que las fuerzas que pueden encabezar un movimiento que gire progresivamente hacia procesos de convivencia y paz, en donde los conflictos sociales, culturales y económicos puedan desplegarse en condiciones de derecho social, democracia participativa y justicia social, carecen de la seguridad en si mismas, en su fuerza y capacidad de convocatoria. Y esto, ciertamente, se puede explicar entre otras cosas por efecto del propio conflicto armado que ha exterminado a lideres a todos los niveles del movimiento social, pero no se puede continuar dejando la responsabilidad de cambio en factores externos o en momentos pasados. No más llorar sobre lo mojado, se trata de pasar con originalidad a la tranformación.
En Colombia tenemos que trabajar por recuperar la autonomía de la sociedad frente a las posiciones guerreristas. Esa es tarea urgente en la historia nacional. Se requiere que los sectores de la sociedad civil con interés real por construir la paz hagan reales esfuerzos para recuperar autonomía frente a estas dos posiciones radicalizadas y peligrosas, por no dejarse manipular por los discursos justificativos de la guerra, por construir alternativas autónomas, que puede significar desde acompañar las caminatas hacia Bogotá o las acciones de los gobiernos locales por el dialogo y el acuerdo humanitario, pero también de conversar entre los que en la sociedad se desilusionaron coyunturalmente del dialogo y los que creen en el.
Propuestas de grandes acuerdos por la paz, también son validas. Pero son insuficientes y de pronto hasta inocuas, si esos grandes acuerdos se reducen a cócteles entre personalidades, que se autoatribuyen la representación de la sociedad, con difusión en los medios de comunicación.
La sociedad civil entendida como el amplio potencial creativo y transformador de sectores sociales como el de los trabajadores y el sindicalismo, el movimiento comunal y cívico, los procesos y movimientos de organización económica microempresarial y asociativa solidaria, las organizaciones de los pueblos indígenas y étnicos, los procesos reivindicativos locales y regionales, las comunidades religiosas e iglesias socialmente preocupadas, los grupos minoritarios de quienes reivindican derechos libertarios o de originalidad sexual o cultural, los ecologistas y defensores de la naturaleza y sus recursos y en fin todas las expresiones del abigarrado, pero hasta hoy desarticulado movimiento social colombiano, tienen una tarea histórica central: entender su papel, precisar sus propuestas, recuperar su confianza y decidirse a reencontrase y actuar para detener a los guerreristas con la movilización ciudadana impactante que presione a políticos, gobernantes y personajes de las elites oligárquicas a decidirse, por fin, a abandonar sus poltronas cómodas y rentables para permitir que los y las colombianas de esta y futuras generaciones podamos recorrer un sendero histórico innovador, libre y en paz.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA: EL SUEÑO APLAZADO DEL RESTABLECIMIENTO
El desplazamiento interno forzado en Colombia es reconocido por la comunidad internacional como una emergencia humanitaria. Este conflicto violento, que se extiende por medio siglo, tiene causas complejas relacionadas con el carácter excluyente del régimen político y el modelo exógeno de desarrollo aplicado por las elites dominantes. El desplazamiento desde zonas rurales hacia las urbanas, genera desarraigo, miseria y rupturas del tejido social. La grave dimensión del problema ha evidenciado las debilidades estructurales del Estado para atenderla. El restablecimiento integral de estas comunidades requiere la identificación de políticas endógenas, ajustadas a las potencialidades geográficas, económicas, sociales y culturales de la sociedad colombiana. Soluciones eficientes deben promover cambios en las visiones locales y de la cooperación internacional, potenciar sosteniblemente los recursos y desarrollar proyectos de impacto demostrativo.
Entre los conflictos armados que se desarrollan en el mundo actualmente acaso el colombiano tiene características sui géneris que lo ha mantenido relegado a ser poco conocido y aún menos comprendido; pero no obstante poco a poco ha ingresado, tal vez a causa de la particular atrocidad de conflicto interno, en la agenda de las instituciones internacionales que se ocupan de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, en particular de la realidad del derecho internacional humanitario, hasta el punto de que actualmente tiene el triste reconocimiento de constituir una “emergencia humanitaria” categoría de alta alarma en el argot internacional.
Colombia, según el censo de 2005, tiene una población superior a los 46 millones de personas, que viven en condiciones de gran diversidad climática y geográfica, presentándonos una nación multicultural , en que es posible encontrarse desde algunos pueblos de alta montaña con tradición indígena, grandes regiones campesinas de diferente mestizaje y cultura, grupos afro-descendientes en zonas de selva tropical; ciudades en la costa caribe, en los andes y la capital, Bogotá, ciudad cosmopolita con más de seis millones de personas en un altiplano a 2.600 metros de altitud a más de 500 kilómetros de la costa.

En este escenario tropical, dotado de una exuberante biodiversidad en sus cordilleras, llanuras, selvas y dos océanos, se viene desarrollando un conflicto armado interno con episodios de apaciguamiento y de terror que se extienden por cerca de medio siglo, pero que todos los años permite hacer balances macabros, que en cualquier otra realidad de guerra serían por principio un campanazo de alarma. Por ejemplo en el año 2005 el Comité Internacional de Cruz Roja registró 317 desapariciones forzosas y 55.327 desplazados. El dato sobre desapariciones representa un ascenso en 13,6% con relación al 2.004, que se suman a 198 ejecuciones sumarias, 72 secuestros, 71 accidentes con minas antipersona y decenas de casos de amenaza, hasta sumar un total de 1.031 violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) reconocidos por esta agencia internacional, pero que por su puesto presentan sesgos de subregistro propio de lugares en conflicto.
La persistencia de profundas diferencias económicas y sociales entre grupos privilegiados y poblaciones con necesidades básicas insatisfechas o en niveles de miseria; la agudización del latifundismo; las altas tasas desempleo y de subempleo estructurales; una evidente debilidad del mercado interno, dada la baja capacidad de consumo de millones de colombianos de muy bajos ingresos; los impactos variados de la economía subterránea vinculada al narcotráfico; la deuda externa y las exigencias de los organismos internacionales, entre otros aspectos son el caldo de cultivo interno de un conflicto que ha evolucionado durante más de cuatro décadas haciéndose más complejo y de difícil comprensión.
Las élites dominantes, históricamente y aún hoy, se orientan bajo esquemas euro-céntricos, que sistemáticamente han repudiado los saberes y capacidades de sectores populares que podrían haber dado origen a capas medias sólidas; han aplicado modelos de desarrollo determinados por cosmovisiones con sesgos segregacionistas, aplicando en general recomendaciones ajenas a las realidades culturales, geográficas e históricas, que han beneficiado, en última instancia a las economías de los países centrales o llamados desarrollados, en particular de los EE UU, que han actuado, a pesar de las visibles diferencias coyunturales de énfasis ideológico, hacia Latinoamérica y Colombia en particular, con un talante de imperio frente a “bananas republic”.

Durante el gobierno militar que cerró esta primera fase, los principales lideres y guerrillas liberales que se opusieron al violento gobierno conservador, se desmovilizaron entregando las armas pero en su mayoría fueron después asesinados, en un estilo de “venganza” y “solución” que ha marcado la vida política colombiana, mientras otros se degradaron en grupos de bandoleros aterrorizadores, que fueron perseguidos y aniquilados por el ejercito oficial.
Pero otros sectores que resistieron o padecieron esa fase violenta se ocultaron en ariscas regiones montañosas desconfiados, pero esperando una oportunidad de actuar en la vida económica y política. Luego en los años 60, durante la guerra fría, fueron atacados con abundante financiación de los Estados Unidos, con un resultado no calculado: se transformaron en guerrillas campesinas abiertamente antisistema, con el propósito declarado de alcanzar la revolución comunista, entonces pro-soviética, dando origen a las FARC , que hoy tienen en armas a más de 20mil hombres, en 60 frentes de acción. Otro grupo surgió entre intelectuales universitarios, algunos religiosos inconformes y habitantes de las ciudad, que vieron en la revolución cubana un modelo posible de toma del poder, así nació el ELN , que luego de diversas evoluciones, que incluyen derrotas militares, terrorismo contra multinacionales e infraestructuras petroleras hasta exigencias de dialogo y negociación con participación de la sociedad civil, hoy está cercano a un proceso de negociación.
Durante los años 70 el conflicto social se hizo muy agudo, dando píe a grandes movilizaciones populares y paros nacionales, y de contera a la mayor presencia de las guerrillas ya surgidas en los 60, pero también al surgimiento de otros grupos insurgentes que hicieron aún más complejo el panorama. Es el caso de la conocida guerrilla urbana M-19, que nació como reacción a las evidencias de fraude electoral y que protagonizó actos de repercusión internacional como la toma de la Embajada de la República Dominicana, en que tomaron cautivo al embajador de EU, liberándolo, tras una larga negociación, con todos los rehenes. También actuaron guerrillas de orientación maoísta como el EPL , que finalmente se desmovilizó empezando los años 90, no obstante el asesinato de sus principales lideres durante una tregua en que negociaban la paz. Finalmente, para hacer más complejo el panorama a los ojos de los analistas o de la opinión internacional, también existieron en esos años guerrillas indigenistas como el Quintín Lame que finalmente se desmovilizaron en los años 90, integrándose a la acción política legal.
Quizás el momento de mayor complejidad y paradoja fue cuando a partir de mediados de los años 80 las FARC, el EPL y el M19 firmaron una tregua con el gobierno e iniciaron una negociación que fue interrumpida por el asesinato de los voceros de varias guerrillas y con la toma por el M19 al Palacio de Justicia en 1986, en que tras el ataque de las fuerzas oficiales murieron en un dramático holocausto la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y luego con el asesinato, hasta hoy impune, en atentados de más de 2.500 lideres sindicales, sociales y políticos que participaban en la formación de un partido, la Unión Patriótica (UP), que buscaba facilitar la reinserción de la guerrilla FARC. Pero como si esto no fuera suficiente fueron asesinados en atentados diferentes cuatro candidatos presidenciales, dos de la UP, uno del M19 en desmovilización y uno del partido liberal. Al final de esta etapa cruenta, iniciándose la década del 90 se consiguió cristalizar la negociación para desmovilizar al M19, al EPL, a sectores del ELN y a las guerrillas indígenas Quintín Lame, y expedir una nueva constitución que estableció una completa carta de Derechos Humanos antes no reconocidos y algunos mecanismos participativos, en medio de una política de apertura económica de tinte neoliberal.
Mientras tanto evolucionó la insurgencia guerrillera, sin alcanzar sus propósitos revolucionarios de toma del poder, pero consolidándose militar y económicamente en bastos territorios donde no es alcanzable por las fuerzas armadas. Al tiempo los grupos de paramilitares de derecha, aplicando estrategias macabras decidieron expulsar a los guerrilleros que extorsionaban a los narcotraficantes, a empresarios y a terratenientes ganaderos con secuestros o cuotas. El conflicto además tenia ingredientes de lucha por influir en regiones o expulsar campesinos de zonas definidas para megaproyectos mineros, agrícolas o energéticos.
Igualmente estos grupos de paramilitares surgidos en regiones de influencia de narcos y/o terratenientes, también actuaron en las barriadas populares de varias ciudades disputándose la influencia con los grupos guerrilleros o con grupos de delincuencia organizada. Esto ocurrió a gran escala en las comunas populares de Medellín ciudad natal de Pablo Escobar, el mayor capo de la droga, finalmente muerto por la policía colombiana.
Pero en otras ciudades también se desarrollaron estrategias de penetración de los grupos de Autodefensa Unida, como vinieron a llamarse en los años 90 estos grupos hasta el momento dispersos o autónomos. A manera de ejemplo, en una ciudad mediana como es la petrolera Barrancabermeja, la estrategia fue copar la enorme zona rural que la rodea y abastece llamada magdalena medio, en que había sido tradicional la presencia de las guerrillas ELN o de la FARC. Así fueron asesinando primero selectivamente y luego masivamente a campesinos en sus viviendas, desplazando sus familias, atentando contra consolidados lideres agrarios y políticos locales, hasta llegar a la tomarse la ciudad en el año 2002 barrio a barrio. Esta ciudad, Barrancabermeja, que tomamos de ejemplo representativo, es la sede el sindicato más prestigioso del país, el de los trabajadores petroleros, que han realizado desde los años 30 del siglo XX huelgas y luchas por la soberanía en la explotación petrolera o por la reivindicación laboral. Estos grupos de autodefensa paramilitar decidieron ir asesinando lideres y desplazando campesinos hasta “liberar” la región logrando que Barrancabermeja se convirtiera, en un momento determinado, en la región que más expulsaba y en la ciudad que más recibía desplazados.
Pero estos fenómenos se dieron en muchos otros lugares del país, hasta el punto de permitirle a los lideres de las derechistas autodefensas paramilitares AUC , presentarse ante el país como los liberadores del comunismo para asi saltar a la escena política, apoyando parlamentarios y procesos electorales, en estrategias que copiadas con deformación a las de las guerrillas, mezclaban política electoral con presiones armadas. En algunas zonas del país estos grupos terminaron por ser quienes dictaban orientaciones a alcaldes municipales electos, gobernadores departamentales, congresistas y algunos hoy, cuando varios senadores implicados en estos procesos de paramilitarización han sido llamados a juicio pór la corte, aseguran que presidentes.
Pero el proceso, que contó con el despeje de una zona tan gigantesca como un país centroamericano, fracasa en medio maniobras de miopia política, de acusaciones mutuas, provocaciones y cálculos militares; de forma tal que la opinión publica giró en sentido contrario y eligió a Alvaro Uribe con el compromiso de aplicar mano dura contra la guerrilla, apoyado por el Plan Colombia acordado con EE UU. En esto lo acompañaron los sectores más derechistas de los partidos tradicionales y solapadamente los grupos paramilitares. Durante su gobierno estos grupos, comprometidos en crímenes de lesa humanidad, iniciaron la negociación de su desmovilización a cambio de una ley de JUsticia y Reparación muy criticada internacionalmente, por su laxitud con los delitos atroces y su baja capacidad de sanción a los causantes de la mayor cantidad de despojo, muerte y desmovilización en la historia de Colombia.
Claro está que el desplazamiento no fue originado solamente por la acción paramilitar, no, también la acción de los grupos guerrilleros, de las fuerzas armadas y de grupos de delincuencia común que pescan en río revuelto. Todos los estudios realizados han evidenciado que los causantes del desplazamiento forzado son todos los actores, con énfasis en los paramilitares, que expropiaron según denuncias en el congreso, 30 millones de hectáreas, que pasaron a manos de estos grupos que se presentan como adalides contra una hipotética revolución. Asi que de esta guerra difusa y compleja en sus orígenes y desarrollos, queda como balance entre dos y tres millones de desplazados internos, que a diferencia de los llamados refugiados de otras guerras no pueden regresar a sus tierras y se deben adaptar a las ciudades donde han llegado a engrosar los cinturones de miseria, que ya existían desde desplazamientos anteriores.
Pero no, lo que se prevé es que los desplazados, como lo han hecho históricamente, se “adapten” anomicamente a las ciudades empeorando problemas de servicios públicos, seguridad social y salubridad, empleo, educación, vivienda, transporte, etc.
En las condiciones actuales de desarrollo universal del derecho internacional humanitario, y en general de la visión universal de derechos humanos, el problema que presenta el desplazamiento, es que las personas en esta condición son sujeto de unos derechos relacionados con el restablecimiento integral de sus vidas destrozadas violentamente por actores armados que el Estado no ha podido o no ha querido detener. En esa dirección es claro que la sociedad y específicamente el Estado tiene unas obligaciones para con las victimas de los crímenes que originaron el desarraigo violento, que se concretarían en:
1. Atención de emergencia: alimentación, alojamiento provisional y Vivienda, recién haya sido victima y luego formas de susbsidio mientras se le acompaña para el restablecimiento de sus proyectos de vida
2. Acceso a la atención de salud y servicios sanitarios básicos completos
3. Acceso gratuito a servicios de educación para los menores en condiciones dignas y con ayudas pedagógicas y psicológicas especiales, cuando el caso lo exija (estrés postraumático)
4. Atención para garantizar la Salud mental, afectada por depresión y demás secuelas de la violación a los DD.HH. Ayuda psicosocial para reconstrucción y prospección de proyectos de vida individuales y colectivos.
5. Preocupación y atención para que grupos vulnerables, jóvenes y mayores cuenten con una oferta de recursos para su restablecimiento
6. Reconocimiento de que las características culturales específicas de los grupos desplazados, que bien pueden ser de minoría étnica (indígena, afrodescendientes) o de cultura campesina proveniente de diferentes entornos, los hace sujetos de una discriminación positiva para recibir atenciones específicas favorables según esa condición cultural (lengua indígena, alimentación, educación, etc.)
7. Actividades para contribuir a la reconstrucción de redes sociales, para la superación del desarraigo, para recuperar el sentido de trascendencia de la vida social y poder comprender y superar la situación de grave violencia de que fueron victimas
8. Programas para la readaptación laboral y la reconstrucción del espacio productivo: financiación subsidiada a emprendimientos sostenibles que cuenten con asesoría y acompañamiento, de tipo no impositivo; desechando modelos impuestos, para promover la participación en su definición y la asesoría de las universidades nacionales.
9. Políticas nacionales de Indemnización, reparación y justicia, para evitar la sensación de impunidad con que se cometen los crímenes, que han incluido fusilamientos masivos, descuartizamientos, desapariciones entre otras tantas formas de agresión.
Todas estas políticas requieren una filosofía transversal que reconozca la responsabilidad del Estado en la situación, que promueva la participación en las decisiones de los representantes de las comunidades desplazadas y que, y esto es principal, integre una perspectiva de género, pues las mujeres son quienes entre un 50 a un 65% (según regiones) encabezan los hogares afectados por el desplazamiento, que por lo demás tienen un perfil etareo con predominancia de menores y la presencia de ancianos.
Estos criterios han sido reconocidos en líneas generales por el Estado Colombiano, mediante una ley y sus reglamentaciones, que creó un sistema integral de atención a la población en condición de desplazamiento, reconociendo deberes y asignando responsabilidades a diferentes instancias públicas. Se ha avanzado mucho en el registro de las familias desplazadas, que es un paso muy importante para su futura atención. No obstante la magnitud del problema ha rebasado la capacidad financiera y operativa de los gobiernos nacionales y locales, no siempre eficientes, ni completamente transparentes.
La propia Corte Constitucional Colombiana atendiendo a Acciones de Tutela interpuestas por miles de familias desplazadas decidió en un fallo de 2004 “declarar que la situación en que viven los desplazados representa un ´estado de cosas inconstitucional´. La Corte adoptó esta determinación debido a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia, y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que comprometen varias entidades públicas.” Y ordenó al gobierno implementar acciones en un plazo que no ha logrado cumplir el gobierno.
Esta situación de deficiencia ha sido reconocida por las instituciones internacionales; por ejemplo el pasado 11 de junio en Bogotá la Alta Comisionada Auxiliar de Operaciones de la ONU para los Refugiados (Acnur) Judy Cheng Hopkins, funcionaria de 27 años de vinculación a la ONU, aseguró a la prensa que el desplazamiento en Colombia es un tema muy complicado, pues, “a diferencia de otros lugares, las víctimas van en todas las direcciones y muchos desconocen que tienen derecho a ayuda”, por lo que pidió a la comunidad mundial atención y cooperación proponiendo que se implementen acciones para "hacer más visible el problema de desplazamiento”.
Estos llamados frecuentes de organismos internacionales muestran una dirección necesaria para la atención de este grave problema humanitario: la cooperación internacional, para por ejemplo establecer programas piloto demostrativos e integrales que permitan desarrollar iniciativas sostenibles y endógenas para atender con seriedad el problema. No se trata simplemente de ayudar en el momento de la emergencia inicial, porque en Colombia los desplazamientos no se dan en un solo lugar ni en una sola dirección, sino que los desplazados muchas veces huyen a las ciudades no en forma masiva sino en grupos familiares pequeños.
En la sociedad colombiana existen suficientes organizaciones de la sociedad civil con capacidad social y técnica como para atender esta realidad problemática, pero los recursos son muy escasos y los que llegan al gobierno son orientados a otras acciones, como por ejemplo las acciones de reinserción de los paramilitares, que por ser actores armados y peligrosos, tienen prioridad en la política gubernamental, irónicamente con prioridad sobre sus propias victimas.
Así las cosas estamos ante un sueño ético: restablecer a las victimas del conflicto armado colombiano en una ruta que nos lleve al posconflicto, mediante la cooperación de la comunidad internacional, siempre y cuando que las acciones que se implementen contribuyan a superar los estilos de la política y el desarrollo que han servido de caldo de cultivo a la guerra, es decir facilitando que las soluciones se identifiquen y construyan por la propia sociedad afectada, escuchando las experiencias de otras regiones, pero corriendo el riesgo necesario de implementar modelos propios de solución y de desarrollo, diferentes esencialmente a los aplicados en los países del norte o de otras regiones.
Nuevos Rumbos

Define estatutariamente como sus principios la convivencia pacífica, el humanismo, la participación activa y ciudadana, el pluralismo democrático, la justicia social, la libre autodeterminación y la libertad de investigación, pensamiento y expresión.
Nuevos Rumbos se inspiran en la búsqueda de una sociedad forjada en la convivencia democrática entre los seres humanos, en equilibrio entre naturaleza, ciencia y tecnología, invocando integridad y compromiso en la defensa del medio ambiente y el hábitat.
CULTURA Y AUTONOMIA ANDALUZA





