RESUMEN
El desplazamiento interno forzado en Colombia es reconocido por la comunidad internacional como una emergencia humanitaria. Este conflicto violento, que se extiende por medio siglo, tiene causas complejas relacionadas con el carácter excluyente del régimen político y el modelo exógeno de desarrollo aplicado por las elites dominantes. El desplazamiento desde zonas rurales hacia las urbanas, genera desarraigo, miseria y rupturas del tejido social. La grave dimensión del problema ha evidenciado las debilidades estructurales del Estado para atenderla. El restablecimiento integral de estas comunidades requiere la identificación de políticas endógenas, ajustadas a las potencialidades geográficas, económicas, sociales y culturales de la sociedad colombiana. Soluciones eficientes deben promover cambios en las visiones locales y de la cooperación internacional, potenciar sosteniblemente los recursos y desarrollar proyectos de impacto demostrativo.
Entre los conflictos armados que se desarrollan en el mundo actualmente acaso el colombiano tiene características sui géneris que lo ha mantenido relegado a ser poco conocido y aún menos comprendido; pero no obstante poco a poco ha ingresado, tal vez a causa de la particular atrocidad de conflicto interno, en la agenda de las instituciones internacionales que se ocupan de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, en particular de la realidad del derecho internacional humanitario, hasta el punto de que actualmente tiene el triste reconocimiento de constituir una “emergencia humanitaria” categoría de alta alarma en el argot internacional.
Colombia, según el censo de 2005, tiene una población superior a los 46 millones de personas, que viven en condiciones de gran diversidad climática y geográfica, presentándonos una nación multicultural , en que es posible encontrarse desde algunos pueblos de alta montaña con tradición indígena, grandes regiones campesinas de diferente mestizaje y cultura, grupos afro-descendientes en zonas de selva tropical; ciudades en la costa caribe, en los andes y la capital, Bogotá, ciudad cosmopolita con más de seis millones de personas en un altiplano a 2.600 metros de altitud a más de 500 kilómetros de la costa.
En este escenario tropical, dotado de una exuberante biodiversidad en sus cordilleras, llanuras, selvas y dos océanos, se viene desarrollando un conflicto armado interno con episodios de apaciguamiento y de terror que se extienden por cerca de medio siglo, pero que todos los años permite hacer balances macabros, que en cualquier otra realidad de guerra serían por principio un campanazo de alarma. Por ejemplo en el año 2005 el Comité Internacional de Cruz Roja registró 317 desapariciones forzosas y 55.327 desplazados. El dato sobre desapariciones representa un ascenso en 13,6% con relación al 2.004, que se suman a 198 ejecuciones sumarias, 72 secuestros, 71 accidentes con minas antipersona y decenas de casos de amenaza, hasta sumar un total de 1.031 violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) reconocidos por esta agencia internacional, pero que por su puesto presentan sesgos de subregistro propio de lugares en conflicto.
Conflicto sui géneris, causas conocidas
El complejo conflicto colombiano, que se explica en lo inmediato en el carácter excluyente del sistema político, se presenta, no obstante ante los ojos de los analistas internacionales, en una sociedad de apariencia de democracia con relativa estabilidad, pues apenas los procesos electorales han sido interrumpidos durante menos de cuatro años (1953-57) en todo un siglo, cosa extraña en el contexto latinoamericano tan prolijo en historias de dictaduras militares.
La persistencia de profundas diferencias económicas y sociales entre grupos privilegiados y poblaciones con necesidades básicas insatisfechas o en niveles de miseria; la agudización del latifundismo; las altas tasas desempleo y de subempleo estructurales; una evidente debilidad del mercado interno, dada la baja capacidad de consumo de millones de colombianos de muy bajos ingresos; los impactos variados de la economía subterránea vinculada al narcotráfico; la deuda externa y las exigencias de los organismos internacionales, entre otros aspectos son el caldo de cultivo interno de un conflicto que ha evolucionado durante más de cuatro décadas haciéndose más complejo y de difícil comprensión.
Las élites dominantes, históricamente y aún hoy, se orientan bajo esquemas euro-céntricos, que sistemáticamente han repudiado los saberes y capacidades de sectores populares que podrían haber dado origen a capas medias sólidas; han aplicado modelos de desarrollo determinados por cosmovisiones con sesgos segregacionistas, aplicando en general recomendaciones ajenas a las realidades culturales, geográficas e históricas, que han beneficiado, en última instancia a las economías de los países centrales o llamados desarrollados, en particular de los EE UU, que han actuado, a pesar de las visibles diferencias coyunturales de énfasis ideológico, hacia Latinoamérica y Colombia en particular, con un talante de imperio frente a “bananas republic”.
La historia del conflicto
El conflicto actual, se entiende como iniciado en 1948, con el asesinato en Bogotá del líder político Jorge Eliécer Gaitán, mientras se realizaban en esa ciudad las sesiones del congreso panamericano en que los EU buscaban promover en Latinoamérica un giro anticomunista propio de la guerra fría y del macartismo. Este hecho, conocido como “el bogotazo”, dio pie a una fase de violencia promovida desde sectores ultraconservadores en el gobierno y con respuesta armada en los campos, estimulada abierta o veladamente por el otro partido tradicional, cuyo balance dejo no oficialmente 200 mil muertos y un movimiento hacia las ciudades de campesinos expropiados, en lo que hoy llamaríamos “desplazados internos”.
Durante el gobierno militar que cerró esta primera fase, los principales lideres y guerrillas liberales que se opusieron al violento gobierno conservador, se desmovilizaron entregando las armas pero en su mayoría fueron después asesinados, en un estilo de “venganza” y “solución” que ha marcado la vida política colombiana, mientras otros se degradaron en grupos de bandoleros aterrorizadores, que fueron perseguidos y aniquilados por el ejercito oficial.
Pero otros sectores que resistieron o padecieron esa fase violenta se ocultaron en ariscas regiones montañosas desconfiados, pero esperando una oportunidad de actuar en la vida económica y política. Luego en los años 60, durante la guerra fría, fueron atacados con abundante financiación de los Estados Unidos, con un resultado no calculado: se transformaron en guerrillas campesinas abiertamente antisistema, con el propósito declarado de alcanzar la revolución comunista, entonces pro-soviética, dando origen a las FARC , que hoy tienen en armas a más de 20mil hombres, en 60 frentes de acción. Otro grupo surgió entre intelectuales universitarios, algunos religiosos inconformes y habitantes de las ciudad, que vieron en la revolución cubana un modelo posible de toma del poder, así nació el ELN , que luego de diversas evoluciones, que incluyen derrotas militares, terrorismo contra multinacionales e infraestructuras petroleras hasta exigencias de dialogo y negociación con participación de la sociedad civil, hoy está cercano a un proceso de negociación.
Durante los años 70 el conflicto social se hizo muy agudo, dando píe a grandes movilizaciones populares y paros nacionales, y de contera a la mayor presencia de las guerrillas ya surgidas en los 60, pero también al surgimiento de otros grupos insurgentes que hicieron aún más complejo el panorama. Es el caso de la conocida guerrilla urbana M-19, que nació como reacción a las evidencias de fraude electoral y que protagonizó actos de repercusión internacional como la toma de la Embajada de la República Dominicana, en que tomaron cautivo al embajador de EU, liberándolo, tras una larga negociación, con todos los rehenes. También actuaron guerrillas de orientación maoísta como el EPL , que finalmente se desmovilizó empezando los años 90, no obstante el asesinato de sus principales lideres durante una tregua en que negociaban la paz. Finalmente, para hacer más complejo el panorama a los ojos de los analistas o de la opinión internacional, también existieron en esos años guerrillas indigenistas como el Quintín Lame que finalmente se desmovilizaron en los años 90, integrándose a la acción política legal.
Quizás el momento de mayor complejidad y paradoja fue cuando a partir de mediados de los años 80 las FARC, el EPL y el M19 firmaron una tregua con el gobierno e iniciaron una negociación que fue interrumpida por el asesinato de los voceros de varias guerrillas y con la toma por el M19 al Palacio de Justicia en 1986, en que tras el ataque de las fuerzas oficiales murieron en un dramático holocausto la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y luego con el asesinato, hasta hoy impune, en atentados de más de 2.500 lideres sindicales, sociales y políticos que participaban en la formación de un partido, la Unión Patriótica (UP), que buscaba facilitar la reinserción de la guerrilla FARC. Pero como si esto no fuera suficiente fueron asesinados en atentados diferentes cuatro candidatos presidenciales, dos de la UP, uno del M19 en desmovilización y uno del partido liberal. Al final de esta etapa cruenta, iniciándose la década del 90 se consiguió cristalizar la negociación para desmovilizar al M19, al EPL, a sectores del ELN y a las guerrillas indígenas Quintín Lame, y expedir una nueva constitución que estableció una completa carta de Derechos Humanos antes no reconocidos y algunos mecanismos participativos, en medio de una política de apertura económica de tinte neoliberal.
Surgimiento de los paramilitares
Fue también durante estos años que creció en diferentes regiones del país el negocio del narcotráfico. Primero en los 70 con la marihuana y luego en los 80 con la cocaína. Y si bien ya habían existido grupos de derecha que se encargaban de trabajos sucios, como atentados a lideres peligrosos, fue en esta década cuando se promovieron los grupos llamados de autodefensa o paramilitares que nacieron al abrigo de las finanzas y los intereses de diferentes grupos de delincuencia narcotraficante que veía en la guerrilla un peligro, coincidiendo en esto con el discurso de algunos sectores empresariales, ganaderos y de las fuerzas armadas, que realizaban una política de guerra interna preventiva contra la izquierda comunista, en el lenguaje de la época. Estos grupos de asesinos actuaron inicialmente al servicio del narcotráfico, con la mirada o la acción cómplice de muchos sectores de las fuerzas armadas oficiales, que encontraban en ellos aliados para hacer el trabajo sucio “antisubversivo” y para, de paso, captar alucinantes sumas de dinero de estas mafias, en una corrupción que penetró prácticamente la mayoría de los estamentos de la política y el Estado. Finalmente la decisión de EE UU de atacar a los carteles de la droga, produjo en Colombia oleadas de terrorismo con bombas callejeras indiscriminadas colocadas en las calles de las ciudades, asesinatos selectivos y crecimiento de la influencia de la derecha política.
Mientras tanto evolucionó la insurgencia guerrillera, sin alcanzar sus propósitos revolucionarios de toma del poder, pero consolidándose militar y económicamente en bastos territorios donde no es alcanzable por las fuerzas armadas. Al tiempo los grupos de paramilitares de derecha, aplicando estrategias macabras decidieron expulsar a los guerrilleros que extorsionaban a los narcotraficantes, a empresarios y a terratenientes ganaderos con secuestros o cuotas. El conflicto además tenia ingredientes de lucha por influir en regiones o expulsar campesinos de zonas definidas para megaproyectos mineros, agrícolas o energéticos.
Agravamiento del desplazamiento forzado
Finalmente, como era previsible, en los años 80 resurgió el fenómeno masivo de desplazamiento forzado de campesinos que se habían instalado en regiones ganadas a la selva tropical huyendo de violencias anteriores, y que ahora volvían a ser expulsados de las tierras que habían colonizado o adquirido a diferente título. Los estudios de la ONG CODHES que hace seguimiento al fenómeno desde 1985, considera que han sido desplazados violentamente sin posibilidad de regreso a sus tierras ni a sus bienes, más de tres millones y medio de personas, mientras el gobierno que reconoció el fenómeno desde 1995 considera que el total asciende a un millón y medio de personas.
Fotografía tomada por Alberto Morales en barrancabermejaIgualmente estos grupos de paramilitares surgidos en regiones de influencia de narcos y/o terratenientes, también actuaron en las barriadas populares de varias ciudades disputándose la influencia con los grupos guerrilleros o con grupos de delincuencia organizada. Esto ocurrió a gran escala en las comunas populares de Medellín ciudad natal de Pablo Escobar, el mayor capo de la droga, finalmente muerto por la policía colombiana.
Pero en otras ciudades también se desarrollaron estrategias de penetración de los grupos de Autodefensa Unida, como vinieron a llamarse en los años 90 estos grupos hasta el momento dispersos o autónomos. A manera de ejemplo, en una ciudad mediana como es la petrolera Barrancabermeja, la estrategia fue copar la enorme zona rural que la rodea y abastece llamada magdalena medio, en que había sido tradicional la presencia de las guerrillas ELN o de la FARC. Así fueron asesinando primero selectivamente y luego masivamente a campesinos en sus viviendas, desplazando sus familias, atentando contra consolidados lideres agrarios y políticos locales, hasta llegar a la tomarse la ciudad en el año 2002 barrio a barrio. Esta ciudad, Barrancabermeja, que tomamos de ejemplo representativo, es la sede el sindicato más prestigioso del país, el de los trabajadores petroleros, que han realizado desde los años 30 del siglo XX huelgas y luchas por la soberanía en la explotación petrolera o por la reivindicación laboral. Estos grupos de autodefensa paramilitar decidieron ir asesinando lideres y desplazando campesinos hasta “liberar” la región logrando que Barrancabermeja se convirtiera, en un momento determinado, en la región que más expulsaba y en la ciudad que más recibía desplazados.
Pero estos fenómenos se dieron en muchos otros lugares del país, hasta el punto de permitirle a los lideres de las derechistas autodefensas paramilitares AUC , presentarse ante el país como los liberadores del comunismo para asi saltar a la escena política, apoyando parlamentarios y procesos electorales, en estrategias que copiadas con deformación a las de las guerrillas, mezclaban política electoral con presiones armadas. En algunas zonas del país estos grupos terminaron por ser quienes dictaban orientaciones a alcaldes municipales electos, gobernadores departamentales, congresistas y algunos hoy, cuando varios senadores implicados en estos procesos de paramilitarización han sido llamados a juicio pór la corte, aseguran que presidentes.
Negociaciones y guerras
La guerrilla FARC, por su parte, también se hizo fuerte en otras regiones del sur, mientras que adelantaba acciones de bloqueo esporádico de importantes carreteras y poblaciones de casi todas las regiones colombianas. La financiación de estas acciones militares, como la compra de armas en el mercado negro europeo y americano, comprometió y compromete, enormes sumas que salen de los cobros a grupos de narcos, a negocios propios en la droga, a secuestros y extorsión de empresarios medianos, de forma tal que cuando en el año 1998 se presenta como candidato el conservador Andrés Pastrana, hijo de un expresidente, cosa bastante corriente en Colombia, y consigue un compromiso de negociación de las FARC, el país lo elije con la esperanza de negociar y terminar el conflicto, que en ese momento significaba 400 mil desplazados anuales.
Pero el proceso, que contó con el despeje de una zona tan gigantesca como un país centroamericano, fracasa en medio maniobras de miopia política, de acusaciones mutuas, provocaciones y cálculos militares; de forma tal que la opinión publica giró en sentido contrario y eligió a Alvaro Uribe con el compromiso de aplicar mano dura contra la guerrilla, apoyado por el Plan Colombia acordado con EE UU. En esto lo acompañaron los sectores más derechistas de los partidos tradicionales y solapadamente los grupos paramilitares. Durante su gobierno estos grupos, comprometidos en crímenes de lesa humanidad, iniciaron la negociación de su desmovilización a cambio de una ley de JUsticia y Reparación muy criticada internacionalmente, por su laxitud con los delitos atroces y su baja capacidad de sanción a los causantes de la mayor cantidad de despojo, muerte y desmovilización en la historia de Colombia.
Claro está que el desplazamiento no fue originado solamente por la acción paramilitar, no, también la acción de los grupos guerrilleros, de las fuerzas armadas y de grupos de delincuencia común que pescan en río revuelto. Todos los estudios realizados han evidenciado que los causantes del desplazamiento forzado son todos los actores, con énfasis en los paramilitares, que expropiaron según denuncias en el congreso, 30 millones de hectáreas, que pasaron a manos de estos grupos que se presentan como adalides contra una hipotética revolución. Asi que de esta guerra difusa y compleja en sus orígenes y desarrollos, queda como balance entre dos y tres millones de desplazados internos, que a diferencia de los llamados refugiados de otras guerras no pueden regresar a sus tierras y se deben adaptar a las ciudades donde han llegado a engrosar los cinturones de miseria, que ya existían desde desplazamientos anteriores.
El reto del restablecimiento y cooperación internacional
Estos desplazados, entonces, se constituyen en un enorme reto para la sociedad, en particular para las administraciones de las ciudades donde están sus asentamientos, sea que se consolide o no el proceso de negociación con lo paramilitares, pues no se vislumbra que las tierras expropiadas vayan a ser devueltas, lo que si se hiciera, facilitaría un eventual plan de regreso, mediante financiación a proyectos agropecuarios endógenos apropiados a las regiones, la generación de redes de mercado interno superando tradicionales especulaciones e intermediarios y externo en condiciones de comercio justo.
Pero no, lo que se prevé es que los desplazados, como lo han hecho históricamente, se “adapten” anomicamente a las ciudades empeorando problemas de servicios públicos, seguridad social y salubridad, empleo, educación, vivienda, transporte, etc.
En las condiciones actuales de desarrollo universal del derecho internacional humanitario, y en general de la visión universal de derechos humanos, el problema que presenta el desplazamiento, es que las personas en esta condición son sujeto de unos derechos relacionados con el restablecimiento integral de sus vidas destrozadas violentamente por actores armados que el Estado no ha podido o no ha querido detener. En esa dirección es claro que la sociedad y específicamente el Estado tiene unas obligaciones para con las victimas de los crímenes que originaron el desarraigo violento, que se concretarían en:
1. Atención de emergencia: alimentación, alojamiento provisional y Vivienda, recién haya sido victima y luego formas de susbsidio mientras se le acompaña para el restablecimiento de sus proyectos de vida
2. Acceso a la atención de salud y servicios sanitarios básicos completos
3. Acceso gratuito a servicios de educación para los menores en condiciones dignas y con ayudas pedagógicas y psicológicas especiales, cuando el caso lo exija (estrés postraumático)
4. Atención para garantizar la Salud mental, afectada por depresión y demás secuelas de la violación a los DD.HH. Ayuda psicosocial para reconstrucción y prospección de proyectos de vida individuales y colectivos.
5. Preocupación y atención para que grupos vulnerables, jóvenes y mayores cuenten con una oferta de recursos para su restablecimiento
6. Reconocimiento de que las características culturales específicas de los grupos desplazados, que bien pueden ser de minoría étnica (indígena, afrodescendientes) o de cultura campesina proveniente de diferentes entornos, los hace sujetos de una discriminación positiva para recibir atenciones específicas favorables según esa condición cultural (lengua indígena, alimentación, educación, etc.)
7. Actividades para contribuir a la reconstrucción de redes sociales, para la superación del desarraigo, para recuperar el sentido de trascendencia de la vida social y poder comprender y superar la situación de grave violencia de que fueron victimas
8. Programas para la readaptación laboral y la reconstrucción del espacio productivo: financiación subsidiada a emprendimientos sostenibles que cuenten con asesoría y acompañamiento, de tipo no impositivo; desechando modelos impuestos, para promover la participación en su definición y la asesoría de las universidades nacionales.
9. Políticas nacionales de Indemnización, reparación y justicia, para evitar la sensación de impunidad con que se cometen los crímenes, que han incluido fusilamientos masivos, descuartizamientos, desapariciones entre otras tantas formas de agresión.
Todas estas políticas requieren una filosofía transversal que reconozca la responsabilidad del Estado en la situación, que promueva la participación en las decisiones de los representantes de las comunidades desplazadas y que, y esto es principal, integre una perspectiva de género, pues las mujeres son quienes entre un 50 a un 65% (según regiones) encabezan los hogares afectados por el desplazamiento, que por lo demás tienen un perfil etareo con predominancia de menores y la presencia de ancianos.
Estos criterios han sido reconocidos en líneas generales por el Estado Colombiano, mediante una ley y sus reglamentaciones, que creó un sistema integral de atención a la población en condición de desplazamiento, reconociendo deberes y asignando responsabilidades a diferentes instancias públicas. Se ha avanzado mucho en el registro de las familias desplazadas, que es un paso muy importante para su futura atención. No obstante la magnitud del problema ha rebasado la capacidad financiera y operativa de los gobiernos nacionales y locales, no siempre eficientes, ni completamente transparentes.
La propia Corte Constitucional Colombiana atendiendo a Acciones de Tutela interpuestas por miles de familias desplazadas decidió en un fallo de 2004 “declarar que la situación en que viven los desplazados representa un ´estado de cosas inconstitucional´. La Corte adoptó esta determinación debido a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia, y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que comprometen varias entidades públicas.” Y ordenó al gobierno implementar acciones en un plazo que no ha logrado cumplir el gobierno.
Esta situación de deficiencia ha sido reconocida por las instituciones internacionales; por ejemplo el pasado 11 de junio en Bogotá la Alta Comisionada Auxiliar de Operaciones de la ONU para los Refugiados (Acnur) Judy Cheng Hopkins, funcionaria de 27 años de vinculación a la ONU, aseguró a la prensa que el desplazamiento en Colombia es un tema muy complicado, pues, “a diferencia de otros lugares, las víctimas van en todas las direcciones y muchos desconocen que tienen derecho a ayuda”, por lo que pidió a la comunidad mundial atención y cooperación proponiendo que se implementen acciones para "hacer más visible el problema de desplazamiento”.
Estos llamados frecuentes de organismos internacionales muestran una dirección necesaria para la atención de este grave problema humanitario: la cooperación internacional, para por ejemplo establecer programas piloto demostrativos e integrales que permitan desarrollar iniciativas sostenibles y endógenas para atender con seriedad el problema. No se trata simplemente de ayudar en el momento de la emergencia inicial, porque en Colombia los desplazamientos no se dan en un solo lugar ni en una sola dirección, sino que los desplazados muchas veces huyen a las ciudades no en forma masiva sino en grupos familiares pequeños.
En la sociedad colombiana existen suficientes organizaciones de la sociedad civil con capacidad social y técnica como para atender esta realidad problemática, pero los recursos son muy escasos y los que llegan al gobierno son orientados a otras acciones, como por ejemplo las acciones de reinserción de los paramilitares, que por ser actores armados y peligrosos, tienen prioridad en la política gubernamental, irónicamente con prioridad sobre sus propias victimas.
Así las cosas estamos ante un sueño ético: restablecer a las victimas del conflicto armado colombiano en una ruta que nos lleve al posconflicto, mediante la cooperación de la comunidad internacional, siempre y cuando que las acciones que se implementen contribuyan a superar los estilos de la política y el desarrollo que han servido de caldo de cultivo a la guerra, es decir facilitando que las soluciones se identifiquen y construyan por la propia sociedad afectada, escuchando las experiencias de otras regiones, pero corriendo el riesgo necesario de implementar modelos propios de solución y de desarrollo, diferentes esencialmente a los aplicados en los países del norte o de otras regiones.
